LEGISLACION
FUERTE CRÍTICA DE USUARIOS VIALES POR LOS NUEVOS AUMENTOS DE PEAJES EN LAS AUTOPISTAS PORTEÑAS
Un informe del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial cuestiona el esquema de ajustes mensuales autorizado para las autopistas administradas por AUSA. Señalan que las tarifas ya superan ampliamente a las de otras vías del área metropolitana y advierten por su impacto en el costo del transporte.
El reciente aumento en los peajes de las autopistas de la Ciudad de Buenos Aires volvió a encender la polémica entre los usuarios viales. Un informe difundido por el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) expresó un fuerte rechazo a la decisión del Gobierno porteño de habilitar incrementos mensuales en las tarifas que aplica la empresa Autopistas Urbanas S.A. (AUSA).
Según la entidad, la medida se implementó luego de la audiencia pública “no vinculante” realizada el 13 de febrero pasado, tras la cual la administración local autorizó que las tarifas se ajusten periódicamente siguiendo la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un adicional del 2 por ciento.
Desde el organismo sostienen que el mecanismo implica una carga cada vez mayor para los conductores que circulan por las autopistas urbanas, especialmente en un contexto económico complejo. En ese sentido, el documento describe el escenario como una “estafa vial” y afirma que el sistema funciona como una “gran caja política”, cuestionando la falta de consideración de los reclamos presentados por los usuarios durante el proceso de consulta pública.
Tarifas que se dispararon en los últimos años
El informe remarca que el valor del peaje registró un crecimiento exponencial desde 2008. En ese momento, la tarifa para automóviles en la autopista Illia era de 50 centavos, mientras que en las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno costaba 2 pesos. Actualmente, en horario pico, esos valores alcanzan aproximadamente los 2.346 pesos en la Illia y 5.643 pesos en las otras dos autopistas.
Para el transporte de cargas el impacto es aún mayor. Un camión que atraviesa la ciudad por las autopistas 25 de Mayo o Perito Moreno paga cerca de 39.159 pesos por un trayecto de apenas 14 kilómetros en hora pico. Según el análisis del CONADUV, un vehículo de estas características que realice 25 viajes mensuales podría llegar a desembolsar más de 23 millones de pesos al año únicamente en concepto de peaje.
Comparaciones con otras autopistas
El documento también establece comparaciones con otras vías rápidas del área metropolitana y sostiene que el costo por kilómetro en las autopistas de AUSA resulta significativamente superior. Mientras que un camión paga alrededor de 2.797 pesos por kilómetro en estas trazas urbanas, el valor en el Acceso Norte ronda los 100 pesos por kilómetro y en el Acceso Oeste cerca de 200 pesos.
Aumento AUSA año 2026
En el caso de los automóviles, la diferencia también es marcada. Circular por las autopistas de AUSA implica un costo cercano a los 403 pesos por kilómetro, frente a valores que oscilan entre 20 y 90 pesos por kilómetro en otras concesiones del área metropolitana.
Reclamos por el destino de la recaudación
Otro de los puntos cuestionados por la organización es el destino de los ingresos obtenidos por los peajes. De acuerdo con el informe, sólo el 40 por ciento de la recaudación se destina a operación y mantenimiento de las autopistas. El resto se divide entre una contribución para el sistema de subtes y fondos dirigidos a obras públicas de la Ciudad.
Para el CONADUV, este esquema convierte al peaje en un “impuesto al tránsito” que termina impactando en toda la economía, ya que eleva los costos logísticos y se traslada a los precios finales de bienes y servicios.
Pedido de revisión del sistema
Ante este panorama, la entidad solicitó la disolución de la empresa AUSA y una revisión integral del sistema tarifario. Argumentan que muchas de las obras ya se encuentran amortizadas y que, en esas condiciones, los peajes deberían reducirse significativamente.
El documento concluye con un cuestionamiento al carácter “no vinculante” de las audiencias públicas, que —según afirman— terminan siendo un simple formalismo, ya que los aumentos suelen definirse previamente entre la concesionaria y las autoridades de la Ciudad, sin incorporar las demandas de los usuarios.