POLITICA
OTRA TARIFA ES POSIBLE: ¿DESARROLLAR ENTRE RIOS O REMENDAR LA VIEJA ESTRUCTURA?
(Por Cr. Roberto Domingo, Ing. Alejandro Di Palma y Dr. Rubén Pagliotto) - El presente trabajo tiene como objeto CONTRIBUIR a echar luz sobre la oscuridad de un problema crucial. Las soluciones que se proponen, facilistas, tienen más de impacto mediático y propagandístico que de búsqueda real de las soluciones de fondo que siempre son postergadas.
Si un problema es tratado con un diagnóstico equivocado se transforma en un problema de imposible solución.
Entendemos que desarrollar la provincia implica la transformación de una estructura actualmente basada en la producción casi exclusiva de alimentos y materias primas, importando los productos manufacturados en una sociedad industrializada capaz de incorporar valor agregado y salario a aquella materia prima. Eso supone entonces brindar energía abundante, disponible y barata.
Entendemos que “financiar en tres cuotas” el brutal ajuste de tarifas eléctricas es justamente REMENDAR LA VIEJA ESTRUCTURA.
Pensamos que responsabilizar a la gestión nacional del incremento tarifario aludido es equivocado al no asumir la propia inacción, improvisación y hasta comodidad de la clase dirigente entrerriana.
Creemos que, en esta oportunidad los entrerrianos debemos frenar de una vez por todas una situación que lleva décadas de injusticia, y que de continuar anula otra vez la limitada oportunidad de buscar nuestro desarrollo económico.
Sostenemos: “OTRA TARIFA ES POSIBLE”. Este modelo de subsidiar tanto a la oferta como a la política, ha sumergido a Entre Ríos en las actuales circunstancias que distan mucho del sendero de desarrollo que necesitamos urgentemente.
LA VERDAD SOBRE LA TARIFA
El actual “tarifazo”, que explica el exorbitante incremento de las facturas de energía, y que crispó los nervios tanto de la sociedad en general como de las PYMES entrerrianas en particular, NO se debe a ninguna quita de subsidios definida por el gobierno nacional de Milei, ya que esa quita fue prorrogada (como es de público conocimiento) para el mes de junio.
El tarifazo entrerriano se explica por el incremento del Valor Agregado de Distribución (VAD) de la distribuidora (ENERSA) y subdistribuidoras (Cooperativas Eléctricas) o sea, se trata de un “ayudín” que el gobierno provincial decidió ceder al sector energético, castigando tanto a la población (consumos hogareños de las familias o sector residencial) como a los sectores productivos y propios del trabajo.
Sin perjuicio de lo anterior observemos la tarifa eléctrica entrerriana en general, más allá de este evento coyuntural:
1. El costo de la energía entrerriana es altísimo, sigue sin transparentarse y no tiene una relación sensata cuando se la contrasta con otras provincias (tenemos una de las tarifas eléctricas más elevadas del país).
2. El valor agregado de distribución (VAD) resulta responder a la misma lógica anterior y cómo surge de este aumento, el único objetivo político es que “los números cierren para el Estado”, cueste lo que cueste !!
3. La carga impositiva que recae sobre las tarifas eléctricas es intolerable, adoleciendo de una pasmosa irracionalidad e irrazonabilidad. Los estados nacionales, provinciales y municipales continúan cerrando sus rojos fiscales recaudando fácilmente asociados a un servicio público cobrado a través de la tarifa eléctrica, pero cuando nos comparamos con el resto del país, debemos señalar que la distorsión se concreta a través de los impuestos provinciales y municipales.
UN EJEMPLO VALE MÁS QUE MIL PALABRAS
El ejemplo es un insuperable instrumento pedagógico, toda vez que la simplicidad de su técnica es directamente proporcional a su compleja fuerza vinculante en los demás.
Presentamos entonces una factura de la Cooperativa Eléctrica Chajarí Lda., perteneciente a un productor PYME de la provincia que ha recibido la tarifa de consumo eléctrico con un brutal aumento. La analizamos para entender el problema: En primerísimo lugar observemos lo ridículo de la medida de “financiar en tres cuotas” (al principio con el 7% mensual sobre saldos, después a tasa cero) su consumo energético. Así, el 18/03/2024 el productor debería pagar 1/3 del valor total de la factura, es decir $ 1.126.112,19, pero en el mes de Abril, con idéntico consumo del mes anterior, sería ese importe más los $ 3.378.336,57 de la cuota subsiguiente, lo que arroja $ 4.504.448,76. Es decir, la sumatoria de la cuota más el consumo del mes.
Dicho entonces en un lenguaje coloquial, alejado de la estrictez académica, sería la propuesta del gobierno provincial un salvavidas de plomo, una mochila de piedras, una huida hacia adelante sin ningún tipo de horizonte productivo. La verdad sea dicha sin ambages: esta “salida” fue propuesta por el gobierno provincial ante el conflicto abierto por este salvaje aumento tarifario, pero más que una salida se asemeja a una encerrona kafkiana, que no sólo posterga una solución, sino que complica el estado de cosas.
Hacemos también un severo llamado de atención sobre el monto de recargo por intereses que se exige por 15 días (vto. 18/03/2024 y 2do vto. 02/04/2024) . Se establece un interés de más del 12%, equivalente en la factura del ejemplo, a la suma de $ 432.995,39, recargo financiero sobre un monto original de fondo, la tarifa injustificada, con un recargo impositivo brutal (24% mensual !!!) En definitiva, una política absolutamente errática y contraria a la que debería llevarse a cabo y que postulamos como objetivo: LA ENERGIA COMO PALANCA INSUSTITUIBLE DE NUESTRO DESARROLLO PROVINCIAL.
El análisis final de la factura eléctrica de este productor PYME (Empresa argentina – entrerriana- de capital interno) es mandatorio, impostergable y un compromiso ético insoslayable. Este productor debe pagar U$D 130 por cada Mwh consumido, un precio que, a nivel internacional, resulta abultado aun para una economía desarrollada, mientras se encuentra a escasísimos kilómetros de un hito energético como lo es la represa de Salto Grande, sin que ello represente ningún beneficio, sino todo lo contrario.
Así mismo debemos advertir a fin del análisis de esta tarifa propuesta, que cuando nos cambiamos de ciudad (dentro de la provincia), los resultados económicos pueden ser aún peores, llegando al extremo del absurdo en la ciudad de Paraná, con un costo comercial de U$D 172 por cada Mwh, una cifra absolutamente grotesca, más bien estrafalaria, e imposible de defender.
CREPUSCULARIDAD POLÍTICA
La realidad nos demuestra que estamos frente a un extravío en la política energética, un peligroso vacío conceptual que le permite al funcionario abstraerse del necesario análisis de los costos de producción de esa energía y que, inclusive, tiene lugar en nuestra misma provincia, limitándose como se dijo anteriormente a subsidiar a la oferta. Lo anterior, es agravado en igual medida por una perversa definición de la política, que decidió asociarse en partes casi iguales a esa tarifa descabellada para así lograr cerrar sus cuentas, subordinando la ecuación social y sus resultados en términos de bienestar y desarrollo a la económica-financiera, lo que implica una inaceptable alteración de valores y objetivos como horizonte de destino.
La resultante de semejante desatino energético, es una formidable transferencia de recursos desde la sociedad (objeto de toda política energética), hacia el sector energético y el Estado, quienes en definitiva transfieren sus costos a una sociedad que ya no puede sostener este capricho.
Evidentemente, estamos ante acciones que nos llevan a pensar que se pretende una provincia para ricos con capacidad de consumo eléctrico, lo que no significa que todos los entrerrianos vayamos a ser más ricos, sino que este caprichoso tarifazo, va a terminar, sin ninguna duda, en la indigencia energética, o sea, un “apagón energético” con profundas, peligrosas y deletéreas consecuencias sociales en el siglo XXI.
La política bien entendida se ejerce por y para el pueblo, que en nuestro caso (Entre Ríos) es el propietario del recurso natural (río), de cuya explotación resulta energía eléctrica Por ende, esas resultantes energéticas (aunque sean compartidas en sociedad con el Estado Nacional), resultan -por manda constitucional- de propiedad del pueblo entrerriano y, en consecuencia, esta lógica de tarifas inaccesibles, que atentan contra las condiciones de vida de los habitantes y el sector productivo, son una forma de violentar el derecho que tiene un propietario, es decir un derecho incumplido.
Ante este tipo de incumplimientos se requiere la intervención de “la política” para activar los potenciales, marcar responsabilidades y llevar adelante las acciones necesarias para su inmediata corrección. Agregamos enfáticamente que: no es objeto de la política energética que el déficit fiscal sea el menor posible o que haya superávit fiscal. Insistimos con deliberada repitencia, que las tarifas energéticas no pueden ni deben definirse conforme las necesidades de las empresas distribuidoras ni subdistribuidoras (en el caso de ER – Cooperativas Eléctricas), de los gobiernos Municipales, Provinciales o aun Nacionales.
La Energía no es una mercadería más, sino que es un derecho social y un elemento indispensable para definir una estrategia de desarrollo que nuestra provincia necesita con urgencia y esta estrategia es estricta responsabilidad del gobierno Provincial.
Urge pararse firme y decididamente ante el Gobierno Nacional en reclamo del aumento del irrisorio valor de la energía que CAMMESA abona a CHSG por la energía producida y de las siderales tarifas que cobran por la misma energía que nos venden.
Para que nos reconozcan, como hicieron con las Provincias de Misiones y Corrientes, mayores montos indemnizatorios por las externalidades negativas provocadas por la represa, regalías y demás derechos provenientes del complejo hidroeléctrico, compensables en energía. Esa es una exigencia irrenunciable para el gobierno provincial, que debe ser concreta, efectiva y trascender anuncios y comunicados de paupérrimo coturno intelectual y muy precario bagaje teórico y técnico, elaborados desde el gobierno o desde el mismo EPRE, cuyas autoridades políticas parecieran no entender el trasfondo de este esencial y vital asunto.
No debemos perder de vista que SALTO GRANDE provee el 8% del total de la energía eléctrica al sistema nacional SADI y Entre Ríos sólo consume el 3%, es decir, somos productores netos y el resto se transfiere al AMBA, el que paradójicamente paga tarifas sensiblemente más baratas, lo que implica una transferencia de recursos de nuestra provincia al AMBA, lo cual exhibe la írrita injusticia de esta ecuación.
Las tarifas son parte medular de una política energética y deben ser definidas para apalancar un desarrollo provincial que incluya a la sociedad en su conjunto.